Defensor del Pueblo pondera Acción Popular contra los paros en salud

 

Gabriela Ramos / Cambio Digital

El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, aseguró que el fallo del juez 11º Público Civil y Comercial, Celso Villalobos, que declaró procedente la Acción Popular contra los paros en el sector salud, se debió a que era evidente la amenaza a la continuidad de los servicios de salud pública ante los constantes paros y amenazas de movilizaciones de la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia.  

?La Organización Internacional del Trabajo estableció desde 1996 que el derecho a la huelga no puede estar por encima de derechos esenciales como la salubridad pública, y es histórico que la justicia boliviana pondere que los médicos no pueden hacer huelga porque ello es una violación directa y mortal al derecho a la salud, ligado a la vida?, manifestó el Defensor del Pueblo, de acuerdo a una publicación de la oficina de prensa de su despacho.

La Acción Popular fue interpuesta por David Ticona Balboa, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de El Alto (SINTRAPREN), quien argumentó que las medidas de presión del sector médico vulneran el derecho de la gente de acceso a la salud.

?la población más pobre no puede ser víctima de exageraciones y atropellos. La OIT ha dicho que ninguna huelga puede estar por encima del derecho a la salud y la vida, por consiguiente ellos (dirigencia médica y autoridades) no va a poder atentar contra el pueblo, como estaban acostumbrados. No pueden suspender los servicios de salud?, dijo Ticona en contacto con la red Patria Nueva.

Tezanos dijo que la Defensoría del Pueblo intervino como tercero interesado, y que la totalidad de los demandados aceptaron que los continuos paros médicos afectan a la salud de la población, indicando que se deben tomar medidas administrativas en contra de los que incurran en la interrupción de los servicios públicos de salud.

Los demandados son: el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, el gobernador de La Paz, Felix Patzi, el alcalde de La Paz, Luis Revilla y la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón. Estas autoridades deben garantizar el acceso a los servicios de salud en los hospitales públicos de su dependencia.

 

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