Cuando el juicio se realiza en el infierno

Entre 2006 y 2013, nuestro Gobierno, a la cabeza del presidente Evo, asumió la valiente e histórica decisión de denunciar 21 Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) y, asimismo, retirar a Bolivia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi); cuyo convenio fue ratificado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada contrariando la propia Constitución de 1967, que expresamente señalaba: “Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional”.

Tratados y mecanismo de arbitraje internacional que permitieron someter la dignidad y soberanía del pueblo boliviano a un sistema de privilegios creado para corporaciones privadas y que emergieron como producto de las recetas económicas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sistema que a su vez fue implementado disciplinadamente por quienes también rifaron los recursos, empresas y sobre todo la dignidad de Bolivia entre 1985 y 2005.

En los círculos jurídicos del sistema de protección de inversiones se dice que litigar en un arbitraje de inversiones es como ir a juicio contra el diablo, pero sin saber que el caso se resolverá en el infierno. Esto por las siguientes razones ampliamente contrastadas con la realidad. Primero, los TBI permiten que las leyes nacionales no sean aplicables a las inversionistas extranjeras, poseyendo en su lugar un amplio catálogo de derechos que les faculta alegar “trato justo y no discriminatorio” contra la más mínima decisión del Estado, sea ello una medida sanitaria, ambiental o tributaria. Segundo, los reclamos de los inversionistas extranjeros contra el Estado no son atendidos por jueces nacionales, sino que se crean tribunales arbitrales internacionales para que los inversionistas extranjeros puedan demandar a un Estado soberano por aquello que estimen les perjudica. Curiosamente, cuando el Estado los demanda ante jueces internos, ellos se refugian en dicho fuero especial para evitar ser juzgados.

Tercero, estos derechos especiales permiten que el inversionista extranjero pueda demandar al Estado por sumas exorbitantes e irracionales, alegando daños presentes y futuros sin más límite que su propia ambición. Cuarto, los TBI no imponen obligaciones a los inversionistas extranjeros, lo que es totalmente ilógico y desequilibrado en cualquier relación jurídica. Por ello, el único demandado en estos casos siempre es el Estado. Quinto, los laudos del sistema Ciadi son finales e inapelables. Por lo que dilatar su cumplimiento pone en riesgo el patrimonio del Estado, ya que el sistema de protección de inversiones no reconoce inmunidad soberana y puede atacar bienes esenciales del Estado en casi todo el mundo.

Ahora bien, todos estos rasgos se aplican perfectamente al caso Quiborax, caso heredado por nuestro Gobierno  y que esperamos le permitan entender al expresidente Carlos Mesa que por “muy patrióticas” que crea fueran sus acciones gubernamentales, estas acciones generaron un escenario ideal para la demanda del inversionista chileno, ya que el Gobierno de entonces no cumplió su propia norma, generaron pruebas contundentes para los demandantes, no tuvieron un plan de inversión del Estado y menos lograron ganancias para la Nación. Asimismo, no parece coherente que quien se negó a promulgar la Ley de Hidrocarburos y quien prefirió en definitiva irse antes de nacionalizar nuestros recursos naturales, incumpliendo la agenda de octubre, ahora justifique como “patrióticas” sus acciones, que al fin y al postre generaron daño al Estado.

Finalmente, no es menos cierto hacer notar que más allá de una acción gubernamental, jurídicamente incorrecta y poco reflexiva del expresidente Mesa, o la acción jurídica, sana y de buena fe del expresidente Rodríguez Veltzé, que sin embargo generó una prueba contraria para Bolivia, lo cierto es que el caso Quiborax es definitivamente el último arbitraje que Bolivia llevó ante el draconiano sistema Ciadi.

Hector Arce Zaconeta, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional