Ministro Arce dice que Mesa actuó ilegalmente y expuso al país a un arbitraje adverso

Para contextualizar el caso Quiborax, primero tenemos que decir que este no es un caso fruto de una nacionalización o recuperación de nuestro Gobierno: este fue un caso heredado de la gestión del expresidente Carlos Mesa, que entiendo se da a mediados de 2004, bajo su responsabilidad.

El Gobierno del presidente Carlos Mesa incumple esta ley, una ley de su propia gestión, de su propio Gobierno, no realiza ninguna de las seis auditorías que debió realizar, no procede como le manda la ley, y de manera no legal, no respetando la propia normatividad interna de nuestro país, y no respetando los tratados internacionales. Ahora bien, en ese momento no había ninguna institución de Defensa Legal del Estado, la defensa la asume directamente la Cancillería y se entabla un proceso de negociaciones con esta empresa; nosotros, siempre en la lógica de buscar negociaciones, entablamos un proceso de negociaciones que se mantuvo por mucho tiempo, lo que permitió mantener suspendido el arbitraje durante varias gestiones, y ahí la empresa chilena mostró una serie de exigencias muy grandes; ellos querían una gran cantidad de ulexita, recuerdo bien que nos reunimos en Buenos Aires, donde exigían la restitución de sus concesiones, se les explicó que eso era imposible por ser una reserva fiscal, pedían una cantidad de ulexita y se hablaba en algún momento de la posibilidad de transar algunos montos. La empresa Quiborax nunca aceptó ningún monto y este monto de tres millones fue un elemento más de la negociación, pero en ningún caso fue una situación que se hubiera materializado o consentido por ninguna de las partes.

Surgieron las evidencias de algunas deudas impositivas, pero eso no fue una situación significativa, diremos, porque en otros casos de negociaciones se han incorporado estas deudas, se ha descontado de los pagos que se han hecho a otras instituciones. El hecho grave fue, justamente, lo que ha denunciado el expresidente Mesa en un memorial que presentó a la Fiscalía General. Surgió la posibilidad de que un documento, dentro de la constitución societaria de la empresa, habría sido falsificado.

Eso muestra, y lo digo con mucho respeto a Mesa, su grado de preocupación extrema, porque él sabe que ha incumplido su responsabilidad al incumplir la ley. No puede decirnos a nosotros que debíamos haber transado por tres millones cuando él mismo está diciendo, dos días antes, que había un acta falsificada. ¿Usted pagaría tres millones de dólares a una empresa que tiene sus actas falsificadas? Nadie lo haría.

Entrevista en la radio EL DEBER