El exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, conocido como El Zorro, ahora busca anular los obrados del juicio de responsabilidades instaurado en Bolivia por las muertes de 2003; esto luego de que un juez estadounidense liberara su responsabilidad civil.

“En aplicación del fallo (del juez James Cohn de la Corte de Distrito de Florida) estoy preparando acciones internacionales de orden legal para que se declare la nulidad del juicio de persecución política que mantiene como presos políticos a ministros y miembros del Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas”, afirmó Sánchez Berzaín a La Razón.

El dictamen del juez James Cohn dejó sin efecto el fallo de un tribunal ciudadano que halló responsables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Ese jurado determinó el pago de $us 10 millones a ocho familias que activaron el litigio en Estados Unidos por daños civiles.

Thomas Becker, jurista patrocinador de las familias que afrontaron el pleito contra las dos exautoridades, explicó que nadie puede cambiar el fallo de un jurado ciudadano, “que representa al pueblo” de Estados Unidos. “Vamos a presentar la apelación este mes, estamos trabajando”, dijo el letrado.

Becker anticipó que la apelación será en el marco de la jurisdicción internacional sobre derechos humanos, pues las ejecuciones implican “matar a la gente sin un plan premeditado”. “Hay testigos que vieron a Sánchez Berzaín disparando desde un helicóptero”,  remarcó sobre los argumentos.

Ahora, Sánchez Berzaín quiere anular el juicio penal que se le sigue en Bolivia, el cual fracasó porque él huyó a Estados Unidos junto a Sánchez de Lozada y el entonces ministro de Hidrocarburos Jorge Berindoague. La Justicia boliviana no puede juzgar y emitir sentencia a personas ausentes.

Las gestiones para instaurar el juicio penal iniciaron cuatro días después de la renuncia del exmandatario, pero el aval parlamentario salió en 2004. El proceso contra 17 imputados por los muertos y heridos recién empezó en 2005.

En 2006, el ahora ministro de Justicia, Héctor Arce, junto a otras autoridades solicitó la extradición de Sánchez de Lozada y de sus ministros, sin lograr su objetivo; en 2008, el Gobierno volvió a pedir la extradición de las exautoridades.

En 2011 se emitió la primera sentencia condenando a cinco exjefes militares y dos exministros por las muertes en octubre. Se declaró rebeldes a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.

En 2012, Estados Unidos rechazó el pedido de extradición porque algunas figuras legales no estaban adecuadas a su ordenamiento jurídico; en 2013 se oficializa otra solicitud, esta vez compatible con las normas estadounidenses. En 2014 se aplicó esta nueva solicitud de extradición.

En 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos remitió a la Justicia norteamericana el pedido de extradición, solicitud que no tiene un plazo establecido.